El máximo órgano en materia constitucional decidió restituir los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario y ordena la libertad de Fujimori Fujimori.
Fuentes del TC explicaron a El Comercio que los magistrados que votaron a favor y en contra tendrán que elaborar sus votos y firmar la sentencia. Todo este proceso demoraría una semana o tardaría hasta el próximo 28 de marzo, calcularon las fuentes.
Con ello, el exjefe de Estado alcanzaría la libertad luego de haber cumplido 15 de los 25 años de condena que se le impuso por los Casos Barrios Altos, La Cantuta y otros.
Es la segunda vez que se le otorga la libertad. En diciembre del 2017, vía el indulto humanitario hoy restituido, abandonó la prisión, pero un año después tuvo que regresar a la cárcel luego de que el Poder Judicial anulara dicha gracia presidencial.
Al mediodía de este jueves, el pleno del TC analizó y votó el expediente N° 02010-2020-PHC/TC, proceso de habeas corpus promovido a favor de Alberto Fujimori Fujimori contra el presidente del Poder Judicial y otros.
Los magistrados Ernesto Blume Fortini (ponente), José Luis Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa votaron por declarar fundada la demanda.
Mientras tanto, la magistrada Marianella Ledesma Narváez junto a Manuel Miranda Canales y Eloy Espinosa-Saldaña votaron por declarar improcedente el hábeas corpus.
Debido al empate que se produjo, el magistrado Ferrero Costa hizo uso de su “voto dirimente” como presidente del TC. Ello, en atención al artículo 10-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, que establece el voto decisorio del presidente del Tribunal Constitucional en las causas en que se produzca empate en la votación.
Entre los argumentos que favorecen el HC, según señalaron las fuentes, se señala que se trata de una persona de avanzada edad y con enfermedades crónicas. Además, que el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 fue bien dado en su momento.
Según la demanda interpuesta por el abogado Gregorio Parco Alarcón a favor de Fujimori, se debía otorgar la libertad al expresidente por vulnerarse su “integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, contaminación ambiental y coronavirus”.
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